01 de mayo de 2012 |

Riesgos

La tentación del poder absoluto golpea a las puertas de la institucionalidad en Bariloche. Los escasos gestos de independencia del Concejo, la sumisión del Tribunal de Contralor, la judicialización de la protesta social, el nepotismo, y la intención de controlar la agenda de los medios de comunicación -a través de la restricción al acceso a la información pública-, son un combo que no puede explicarse solamente desde la política: puede tanto tener su raíz en las más profundas corrientes autoritarias, como en el reconocimiento de la fragilidad de la capacidad de gestión. Veamos.

A Adolf Fischer, Albert Parsons, y August Vincent Theodore Spies, periodistas, condenados a muerte, mártires de Chicago.

Los avances del gobierno que conduce Omar Goye sobre la ya golpeada institucionalidad de Bariloche, no favorece el clima de paz social que la ciudad necesita en momentos de crisis. El intento de asunción de la sumatoria del poder -con ausencia de voces disidentes, sujeción de los organismos de control, silenciamiento de la prensa-, lejos de garantizar tranquilidad al rumbo del gobierno, puede convertirse en un boomerang endógeno -el gabinete es un hervidero de internas-, y externo, ya que las señales hacia la sociedad se asimilan de formas inesperadas.

Hoy por hoy, Goye maneja los destinos del municipio y de la Cooperativa de Electricidad, las dos instituciones más poderosas de la ciudad; y también las dos herramientas de construcción política más aceitadas de Bariloche.

Pero parece no alcanzar para su proyecto político y personal, y entonces el Intendente cuenta con un aliado de lujo: el Concejo Municipal que está reducido a su mínima expresión.

Con excepción de un último pronunciamiento contra la judicialización de la protesta social y la intención de ocultar las Resoluciones, el cuerpo deliberante fungió hasta ahora como mano derecha del Gobierno gracias al verticalismo partidario, los acuerdos políticos, y la excusa de la gobernabilidad.

E incluso, las diferencias planteadas parecen más destinadas a “tomar distancia” a través de los medios -en un proceso de especulación y posicionamiento político-electoral- que en cuestionamientos profundos a algunas de las medidas del Ejecutivo.

La aprobación del desmesurado organigrama político, el cheque en blanco al creciente descubierto bancario, la prolongación de los plazos para la presentación del Presupuesto 2012, son en definitiva, un aval a las pretensiones de construcción política de Goye (muchos funcionarios, muchos sectores “pagados” por el apoyo en las elecciones), y a la impericia de gestión que impide que, a cinco meses de iniciado el gobierno, se eleve un proyecto de estimación de gastos e ingresos para este año.

En tanto, el Tribunal de Contralor, hasta el momento, sólo ha dado muestras de encuadramiento político. Algunos ejemplos: no promovió una investigación seria en relación al uso de viáticos oficiales para el viaje a Viedma de por lo menos dos funcionarios -Goye y su Secretario Privado, Oscar Borchichi- para la participación en el acto de asunción de Miguel Pichetto como Presidente del Partido Justicialista. Un tibio pedido de informes forzado por la difusión mediática del caso, y el silencio, fueron las medidas tomadas.

En otro hecho, el organismo de control resolvió dar por válido que un problema semántico en la redacción de la ordenanza que autorizó el giro en descubierto hasta un tope del 2,5 por ciento, haya permitido al Ejecutivo utilizar fondos -y pagar los intereses correspondientes- por sobre ese monto.

Tampoco los integrantes del Contralor -Daniela Núñez, Carlos Damián Fuentes, y Carlos Freire- preguntaron al Intendente quién, empresario presumiblemente, cede al Municipio, “sin costo” según Goye, el lugar físico donde funciona la fantasmagórica Casa de Bariloche en Buenos Aires. Hasta la cesión de un cuadro a favor del Estado debe ser aprobado por ordenanza, pero el organismo de control no observó una posible irregularidad en el favor privado.

La obsesión del gobierno por restringir el acceso a las Resoluciones impide saber, por ejemplo, si la hija del Intendente ya percibe un sueldo del erario municipal, así como conocer qué funciones y horarios efectivamente cumple.

Precisamente el tema del retroceso en la transparencia de los actos de gobierno -de la mano de las trabas en el acceso a la información pública- no encuentra sino su explicación en un profundo desprecio por todo lo que sea verdadera participación ciudadana. La (no) política de comunicación de Goye -aplaudida o silenciada por una patética claque de medios afines- es restrictiva para los medios de comunicación, y por ende para la ciudadanía que, a través de esos medios, se informa, analiza, participa y decide.

Es además una interpretación mediocre y de cabotaje, del profundo debate nacional sobre la construcción del relato de la actualidad y la historia reciente. Nada tiene que ver el ocultamiento de los documentos que acreditan los actos del gobierno municipal, con el desafío a la línea editorial de los medios que, a nivel nacional, han sido históricos propietarios de la agenda político-comunicacional. Pobre gobierno nacional si ésta es la interpretación local de sus políticas.

Bien visible ha sido, eso sí, la decisión del municipio de judicializar la protesta social: las denuncias por las ocupaciones de tierras y por el corte en el ingreso al vertedero municipal, colocan al Ejecutivo en el fino y complejo límite de pedir procesamientos y aún desalojos por la fuerza en el caso de dos conflictos de los que el Estado es gran responsable. Es precisamente el Estado el que, en sus diferentes gobiernos, no ha logrado implementar una política de acceso a la tierra y la vivienda que hagan realidad los preceptos constitucionales en la materia. Y es el municipio, ni más ni menos, el que después de 30 años de ignominia no pudo solucionar los problemas que origina el basural a cielo abierto que sufre Bariloche.

Ninguno de todos los temas enumerados sean, probablemente, aspectos que incidan en un resultado electoral, si es que la motivación de la andanada de medidas en pos de la sumatoria del poder público sean los comicios de 2015. ¿Entre las motivaciones del voto figura un posible castigo por la decisión de no publicar y transparentar las Resoluciones? Seguramente no, pero en todo caso, no puede medirse todo con la vara cuantitativa de un triunfo en las urnas: las mayorías no dan cheques en blanco, ni autorizan la ruptura de acuerdos sociales e institucionales.